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hucha cocheLa obligación de usar el coche particular para el trabajo en el SNS-Osasunbidea

Hipoteca económica y odisea burocrática

2017/04/19 Artículo de opinión de una trabajadora de Osasunbidea en el que relata como está obligada a usar su vehículo particular para el trabajo. Este es el caso de una (de cualquier) persona que trabaja en Atención Primaria Rural y que se ve obligada a utilizar el vehículo particular para atender la demanda asistencial de su Zona Básica de Salud, a cambio de un complemento de dispersión geográfica (unos 175 euros al mes) que se supone compensa los gastos de compra del vehículo, combustible, seguro obligatorio, mantenimiento y averías del coche.

En este caso la trabajadora compró un utilitario, en casa tenían otro vehículo de uso familiar para necesidades privadas que no podían dedicar en exclusiva al  trabajo. La inversión de esta compra rondó los 12.000 euros, el seguro unos 500 euros, de combustible al año unos 1.000 euros, mantenimiento y averías otros 500 euros. Una inversión importante y unos gastos anuales de más de 2.000 euros.

La cuenta es clara, si al pago del complemento de dispersión geográfica le quitas los gastos fijos de mantenimiento del vehículo, quedan 120 euros al año para amortizar la compra del coche de 12.000 euros. En 100 años amortizado.

Pero como dice la sabiduría popular, todo lo que puede empeorar acaba empeorando. Tras años de trabajo sin incidentes reseñables, en 2015 la casualidad hizo que en un desplazamiento de trabajo tuviera un accidente y que el vehículo sufriera graves desperfectos. Ningún responsable del SNS-Osasunbidea informó de la existencia de posibles seguros que cubrieran estos daños. Al tiempo, un compañero del sindicato le informó de la existencia de una póliza para estos supuestos y realizó la correspondiente solicitud.

Desgraciadamente las compañías de seguros (en este caso MAPFRE) son muy dadas a poner pegas e inconvenientes a estos expedientes y lo denegaron en un primer momento, alegando que era un supuesto no cubierto por la póliza.

MAPFRE, acababa de finalizar el periodo de cobertura de su póliza  y otra compañía prestaba ahora el servicio. También se habían producido elecciones políticas y un nuevo gobierno llegaba a la Administración. Parece ser que la conjunción astral se había llevado a cabo para impedir una pronta y satisfactoria solución de este caso.

Nueva reclamación unida a datos y pruebas que demostraban que este supuesto sí entraba en la póliza contratada por el Gobierno de Navarra con MAPFRE. Algo que el  Gobierno de Navarra (Osasunbidea) debería hacer de oficio para proteger los intereses de su personal y los suyos propios, lo tenía que realizar la persona afectada con el apoyo sindical.
Tras largos meses de continuos trámites administrativos, en julio de 2016, un año después, MAPFRE reconoce que la póliza cubría el accidente y se lo notifica al Gobierno de Navarra.

Bueno, pues hasta marzo de 2017 a la interesada no se le ha indemnizado  el siniestro sufrido en el 2015. El tomador del seguro es el Gobierno de Navarra y es el responsable de exigir el pago, pero no ha sido muy eficaz, o en el peor de los casos ha caído en el laberinto burocrático.

Esta situación descrita es real, y este Gobierno de Navarra no debería permitir que desde algunas aseguradoras se sigan haciendo estos abusos. No es aceptable que condene a su personal a este limbo jurídico y que desista de sus obligaciones y derechos ante una empresa privada.

 

 

 

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